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Singapur ha registrado este año el mayor número de ejecuciones en décadas, con 17 vidas segadas hasta el momento, de las cuales 15 correspondían a delincuentes por drogas. Solo en la última semana de noviembre, tres personas fueron llevadas a la horca en la prisión de Changi, cifras que no se veían desde 2003 y que, aunque lejos de los picos de los años 90 (como las 76 ejecuciones de 1994), marcan una preocupante tendencia al alza.
La Inquebrantable Postura de Singapur
Para el pequeño grupo de activistas de Singapur, la pena de muerte obligatoria para delitos de drogas es una práctica bárbara, impropia de una nación moderna. Recientemente, intentaron un desafío constitucional a estas leyes, pero un juez lo desestimó. Dada su naturaleza semi-autoritaria y el dominio del mismo partido desde su independencia, Singapur parece poco propenso a cambiar de rumbo en el corto plazo.
El caso del australiano Van Nguyen, ahorcado hace 20 años por 396 gramos de heroína, sigue resonando. Su abogado, Lex Lasry, calificó el comportamiento del gobierno de Singapur como “grotesco” y una demostración de “indiferencia al sufrimiento” que causaban. Lasry ha instado a la comunidad internacional a presionar y avergonzar a Singapur para que abandone su política de pena capital, sugiriendo que la diplomacia cortés no funcionará e incluso aconsejando no visitar el país.
La Justificación del Gobierno y la Realidad de las Cifras
En Singapur, tan solo 15 gramos de heroína pueden llevar a una persona a la muerte, una cantidad considerada “insignificante” en otros países como Australia. El gobierno defiende su postura de línea dura como un precio necesario para mantener al país como uno de los más seguros del mundo. El Ministro Coordinador de Seguridad Nacional, K. Shanmugam, ha argumentado que 15 gramos de heroína son “suficientes para alimentar la adicción de 180 consumidores durante una semana” y que la pena de muerte es un “disuasivo eficaz”.
Aunque Singapur no es el mayor ejecutor estatal a nivel mundial (China, Irán y Arabia Saudita superan con creces sus cifras), su imagen como amigo estable de Australia y destino turístico seguro le otorga una visibilidad particular en la psique australiana.
Propaganda y Represión: La Otra Cara de la Moneda
El alto comisionado de Singapur en Australia, Anil Nayar, ha defendido la política, citando los daños reales de las drogas y el abrumador apoyo de los singapurenses a la pena de muerte. Sin embargo, los críticos señalan que este apoyo se nutre de una “propaganda pro-pena de muerte y pro-guerra contra las drogas” difundida por un gobierno con estrechos lazos con los medios de comunicación.
El monitor global de libertad CIVICUS califica a Singapur como “reprimido”, citando la Ley de Protección contra Falsedades y Manipulación en Línea (POFMA). Esta herramienta permite al gobierno ordenar “correcciones” a información que considera incorrecta, afectando a periodistas, publicaciones académicas y políticos de la oposición. Organizaciones como Transformative Justice Collective (TJC), el principal grupo contra la pena de muerte, han sido blanco de POFMA, viendo sus sitios web marcados con declaraciones gubernamentales.
Historias de Esperanza y Desesperación
La historia de Pannir Selvam, un ciudadano malasio condenado por 52 gramos de heroína, ilustra la crudeza de la situación. Tras una vigilia de activistas en el Speakers’ Corner de Hong Lim Park (el único lugar donde se permiten protestas con estrictas condiciones), Pannir recibió un aplazamiento de última hora, desatando la euforia entre sus partidarios. Sin embargo, la esperanza fue efímera: Singapur lo ahorcó en octubre.
La escalada de ejecuciones en Singapur no solo reaviva el debate sobre la pena de muerte, sino que también pone de manifiesto las tensiones entre la seguridad nacional y los derechos humanos, así como el control gubernamental sobre la información y la disidencia en una nación que se proyecta como un faro de prosperidad y estabilidad.