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El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha puesto en marcha una ambiciosa y controvertida estrategia industrial, movilizando miles de millones de euros de fondos públicos y recursos financieros para adquirir empresas clave. La operación Talgo, liderada por el lehendakari Imanol Pradales, se erige como el estandarte de esta política, que busca «blindar» la economía vasca y revertir la pérdida de peso industrial de Euskadi en el conjunto de España.
Talgo: La punta de lanza de una estrategia de 4.000 millones
La adquisición de Talgo por el autodenominado ‘consorcio vasco’, con la participación de la Sepi y el Gobierno vasco, ha sido el primer gran movimiento. José Jainaga, dueño de Sidenor, asume el liderazgo industrial con el «deber» de convertir a Talgo en un «actor de categoría mundial». La compañía ha devuelto su sede a Álava, un gesto simbólico de la apuesta vasca. Esta operación ha dado el pistoletazo de salida para destinar hasta 4.000 millones de euros inicialmente a la compra de empresas, una cifra que incluye pagos por encima del mercado y que ha generado críticas de inversores y partidos de la oposición.
Para esta estrategia, el PNV ha dotado a Pradales de 1.000 millones de euros de fondos públicos, complementados con el músculo financiero de Kutxabank y sus fundaciones bancarias. Además, se buscan más recursos en los 30.000 millones de euros de las EPSV (entidades de previsión social voluntaria), el Grupo Mondragón y bancos como Caixabank.
El declive industrial y la «capital total» de Madrid
A pesar de los buenos datos de empleo y cotizantes a la Seguridad Social, la economía vasca ha retrocedido, pasando de representar el 7,4% del PIB español en la Transición al 5,7% actual. Esta situación, según el parlamentario del PP vasco Álvaro Gotxi, revela la incapacidad de atraer nueva industria, llevando al Gobierno vasco a optar por entrar en el accionariado de las empresas existentes.
Las instituciones vascas, por su parte, niegan la falta de atractivo para inversores y culpan a la Comunidad de Madrid, a la que el lehendakari ha calificado de «capital total que drena los recursos de la periferia». Euskadi recibió solo el 3,37% de las inversiones extranjeras en el primer semestre de 2025, muy lejos del 53,2% de Madrid.
Instrumentos financieros y nuevas adquisiciones: Ayesa en el punto de mira
Para materializar estas inversiones, el Gobierno vasco cuenta con el Instituto Vasco de Finanzas (IVF) y el instrumento Finkatuz. A través de Finkatuz, ya se han adquirido participaciones en empresas como ITP (6%), CAF (3%), Kaiku (7,31%) y Arania (6,25%), sumando casi 122 millones de euros. A estas se añaden las compras en empresas de José Jainaga por 33,3 millones de euros, que generaron dudas sobre su vinculación con la operación Talgo.
La próxima gran operación es la inminente compra de Ayesa Tecnología (antigua Ibermática) por otro ‘consorcio vasco’ por 500 millones de euros. Esta adquisición, que se espera cerrar antes de fin de año, exigirá una importante inversión pública: BBK aportará 100 millones y Kutxabank, a través de su nuevo fondo Indar (dotado con 500 millones), destinará otros 200 millones.
Aunque el «socio industrial» de Ayesa aún no se ha oficializado, todo apunta a Teknei. Este grupo tecnológico, con fuertes vínculos con el PNV a través de sus fundadores Joseba y Jon Lekube, ha multiplicado sus proyectos en el País Vasco, incluyendo el Atlantic Data Infraestructure junto al Gobierno vasco, Kutxabank, Iberdrola y el Grupo Mondragón.
Luces y sombras de un modelo arriesgado
El modelo Talgo-Ayesa, con sus luces y sombras, ejemplifica el objetivo del PNV de proteger empresas tractoras en Euskadi. Sin embargo, la estrategia de pagar precios por encima del mercado y la fuerte dependencia de fondos públicos, junto con las críticas de la oposición que cuestiona la falta de atracción de nueva industria, plantean interrogantes sobre la sostenibilidad y eficacia a largo plazo de esta arriesgada apuesta industrial.