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El Supremo sacude la política de acogida de menores migrantes en España
La compleja situación de los menores migrantes, a menudo instrumentalizados en la arena política, se enreda aún más. Pese a que las entradas irregulares han descendido este año un 40%, el Tribunal Supremo ha asestado un golpe a la fórmula de acogida de menores demandantes de asilo en España. Esta decisión no solo representa un serio quebradero de cabeza para el Gobierno central, sino que también inyecta gasolina al frente común de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que mantienen una pugna con el Ejecutivo por la distribución de niños y adolescentes llegados sin amparo familiar, especialmente a Canarias.
Un cambio radical en la responsabilidad de acogida
Hasta ahora, la llegada de migrantes en cayucos a costas españolas implicaba una división clara: los adultos que solicitaban protección internacional pasaban a manos del Gobierno central, integrándose en el sistema de atención estatal del Ministerio de Migraciones. Los menores no acompañados, por su parte, quedaban bajo la tutela de la comunidad autónoma a la que llegaban, integrándose en el sistema autonómico. Este esquema también se aplicaba en Ceuta y Melilla.
Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha ratificado recientemente, en respuesta a un recurso de la Comunidad de Madrid, que cualquier menor que exprese su voluntad de pedir protección internacional debe ser amparado por el Gobierno central, independientemente de si los sistemas de acogida autonómicos están saturados o no.
El precedente canario: hacinamiento y el interés superior del menor
Este fallo se apoya en un precedente establecido el pasado mes de marzo, cuando el Supremo dio la razón al Gobierno Canario. Con unos 5.500 menores extranjeros no acompañados a su cargo, Canarias acudió a los tribunales para que el Ejecutivo central asumiera a un millar de aquellos que habían solicitado protección internacional. La Sala, presidida por Carlos Lesmes, ordenó al Gobierno integrar a estos menores en sus recursos en un plazo de diez días, argumentando que el “hacinamiento” era incompatible con el interés superior de los menores.
El Alto Tribunal señaló que la Administración Central, con un sistema de protección internacional para adultos, no había dispuesto plazas libres para menores y debía hacerlo. El Gobierno, por su parte, siempre ha defendido que su sistema estatal fue creado exclusivamente para mayores de edad, haciendo imposible mezclar a adultos con menores en los mismos recursos.
Desde la primera orden del Supremo en marzo hasta el 22 de diciembre, el Ministerio de Migraciones ha creado nuevas plazas y ha completado 410 traslados a centros estatales en la Península y 161 a otros en Canarias, aliviando la situación en el archipiélago. Actualmente, los menores tutelados por Canarias se han reducido a 4.506.
El “efecto Madrid”: la acogida obligatoria sin importar el hacinamiento
Cuando la situación parecía estabilizarse, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, pese a tener menos de medio centenar de menores no acompañados solicitantes de asilo y sin problemas de hacinamiento, siguió los pasos de Canarias. La misma sala del Supremo ha fallado a su favor, dictaminando que el problema es “sustancialmente equivalente”. Los magistrados señalan que “conduciría al absurdo pretender que una medida cautelar dirigida a la protección del superior interés de los menores no pudiera adoptarse hasta que se constatara que se hubiera producido el hacinamiento de éstos”.
Implicaciones y la “veda abierta” para las comunidades
Este fallo abre la veda para que el resto de comunidades autónomas se sumen a esta reclamación, siempre que se trate de menores que soliciten protección internacional. Esto tendrá dos efectos a corto plazo: primero, el Gobierno central deberá asumir de inmediato la acogida de los nuevos menores demandantes de asilo que lleguen. Actualmente, el 90% de los migrantes que arriban a Canarias proceden de Mali, un país azotado por una crisis humanitaria, lo que los convierte en potenciales refugiados. Segundo, las comunidades a las que previamente se trasladaron menores desde Canarias podrían acudir en cascada al Supremo para seguir los pasos de Madrid.
Descenso de llegadas y la ruta mauritana bajo escrutinio
En un contexto aparte, las entradas irregulares a Canarias han descendido en 2025 un 59,9%, con 17.555 migrantes llegados en 259 embarcaciones, frente a los 43.737 de 2024. Este brutal descenso, que aún debe consolidarse como tendencia, se atribuye en gran parte al mayor control fronterizo de Mauritania, financiado con fondos de la Unión Europea y España.
Sin embargo, la efectividad de este control ha puesto en tela de juicio el respeto por los derechos humanos. La ONG Human Rights Watch ha documentado expulsiones colectivas al desierto, redadas por el color de piel e incluso torturas en Mauritania, generando preocupación sobre el coste humano de esta estrategia.