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El Gobierno de Pedro Sánchez aspira a agotar la legislatura y mantenerse en La Moncloa hasta 2027, a pesar de cerrar el año en una situación crítica de debilidad política y parlamentaria. La Moncloa, en un periodo de reflexión estratégica, busca retomar la iniciativa política, pero el horizonte de 2026 se presenta como una «prueba del algodón» debido a un calendario judicial y una serie de investigaciones que mantienen en vilo a los socialistas.
Fuentes gubernamentales lamentan la falta de control sobre los tiempos, conscientes de que la agenda está supeditada a decisiones de la Justicia y a las pesquisas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los ministros, por su parte, intentan proyectar una imagen de estabilidad y permanencia, señalando que el «ecuador de la legislatura» obliga a una reflexión profunda. Este tramo final se complica con la búsqueda de distancia por parte de los socios de gobernabilidad y la aparición de casos de presunta corrupción y denuncias por acoso sexual que rodean al partido.
Ante la exigencia de Sumar de una remodelación de calado, el Ejecutivo se decanta por «dar un nuevo impulso más que cambiar el Gobierno», una postura que justifica la negativa del jefe del Ejecutivo a acometer cambios profundos.
La agenda socioeconómica como salvavidas
La agenda socioeconómica se perfila como la principal palanca para el Gobierno. Se pretende presentar unos Presupuestos expansivos durante el primer trimestre de 2026, aunque en el seno del Ejecutivo ya se trabaja con la hipótesis de no lograr aprobar Cuentas Públicas en toda la legislatura. La Moncloa se aferra a la buena marcha de la economía, con datos macroeconómicos como el crecimiento, la creación de empleo y la llegada de fondos europeos, como su principal «salvavidas» en medio de la «tormenta».
La tormenta judicial que golpea al PSOE
Una serie de investigaciones judiciales siembran un futuro incierto para los socialistas, a merced de su evolución. Entre ellas, destacan el juicio a José Luis Ábalos por la trama de las mascarillas; la presunta trama corrupta de amaños de contratos con Santos Cerdán a la cabeza; el juicio al hermano de Pedro Sánchez por un supuesto caso de enchufe; las investigaciones sobre la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez; los pagos en metálico del PSOE; el caso Leire; y el «Me Too» en el seno del partido socialista, que también salpica a cargos del PP.
Este cúmulo de casos golpea directamente dos pilares del discurso del PSOE: la lucha contra la corrupción y el feminismo. Genera una sensación de resignación en el partido y el Gobierno, que se limitan a «seguir trabajando a tope» y «afrontar la situación con estoicismo y sangre fría». Desde la «sala de máquinas» del partido, se busca «perimetrar los escándalos», aislando a Ferraz y La Moncloa de las acusaciones. Miembros del Gobierno critican la «indiscreción» y «prospectiva» de muchas investigaciones, sugiriendo que «hay mucha gente trabajando para la derecha», incluyendo políticos, medios, jueces y hasta obispos, a quienes acusan de «hacer política».
Paradójicamente, en el centro del poder, aseguran enterarse de las «informaciones y novedades por los medios de comunicación» sobre los casos que les afectan, lo que lleva a un miembro del Ejecutivo a deslizar: «Yo creo poco en las casualidades».
Debilidad parlamentaria y estrategia política
La falta de una mayoría sólida en el Congreso, tras la ruptura con Junts, la distancia de Podemos y las dudas de los socios sobre la salud de la legislatura, se suma a la «tormenta». La utopía de los Presupuestos es la máxima expresión de esta debilidad. No obstante, los socialistas contrarrestan la percepción de parálisis con datos: 52 leyes aprobadas y el 91% de las votaciones ganadas en dos años. Sin embargo, gran parte de la acción de Gobierno se opera desde el Consejo de Ministros para evitar el examen de la Cámara Baja, con la intención de «seguir haciendo muchas cosas que no necesitan de convalidación».
El Ejecutivo sigue apelando al «miedo a la derecha y la ultraderecha» como pegamento para un bloque donde los socios buscan réditos políticos. Sánchez se presenta como «dique» o «muro» frente al avance de Vox, aunque los datos demoscópicos y las urnas muestran un crecimiento de la formación de Santiago Abascal. En La Moncloa y Ferraz, insisten en que, siete años después de llegar al poder, mantienen «la misma intención de voto», con el 31,7% de las generales de 2023, y se autoproclaman como «el único partido de la historia de la democracia que mantenemos los datos pasados los años», a pesar de que el promedio de encuestas los sitúa en torno al 29%.
Incertidumbre en la izquierda y calendario electoral adverso
La preocupación en La Moncloa se centra en la reconfiguración del espacio de Yolanda Díaz, asumiendo que el entendimiento con Podemos no será posible. Consideran que esta disputa y la posible fragmentación de candidaturas pueden ser determinantes en más de una decena de provincias y en la pugna con Vox por la tercera fuerza.
El año 2026 se presenta con un calendario electoral, en principio, adverso para el PSOE, con elecciones en Aragón, Castilla y León y Andalucía. Aunque en La Moncloa insisten en que el Ejecutivo «no va a caer», un mal resultado, especialmente con dos ministras candidatas como Pilar Alegría y María Jesús Montero, pondrá el foco en el centro del poder.
En este complejo calendario, el Gobierno considera dos hitos clave: la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont, que prevén «será un antes y un después» para retomar la relación con Junts, y la culminación del desembolso de los fondos europeos.