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El miedo a una crisis política ha dejado sin servicio ferroviario a más de 400.000 catalanes este miércoles, en una decisión que, según expertos, no se justificaba ni por la situación climática ni por el estado de la red. La suspensión afectó a Cercanías y trenes de media distancia, y se produce tras el trágico accidente en Gelida que costó la vida a un maquinista en prácticas.
La drástica medida fue tomada por Renfe para apaciguar la indignación del sindicato de maquinistas Semaf, muy afectado por el suceso. Sin embargo, la consellera de Territori, Silvia Paneque, asumió la responsabilidad de la Generalitat con un entusiasmo que, según analistas de ‘Unitribuna’, responde más a un contexto político que a razones de gestión. Esto contrasta fuertemente con el temporal Gloria de 2020, cuando el servicio ferroviario nunca se suspendió en Cataluña, a pesar de condiciones climáticas mucho más severas.
La Generalitat capitaliza la crisis para impulsar el traspaso de Cercanías
El Govern de Salvador Illa, que llegó al poder con el compromiso de mejorar la gestión pública, se ha visto envuelto en una polémica donde la política ha primado sobre la eficiencia. La plataforma ‘Perquè no ens fotin el tren’ ha responsabilizado directamente a la Generalitat, a pesar de que la decisión original fue de Renfe y Adif.
Detrás de esta asunción de responsabilidades se esconde un claro interés político: el PSC necesita a ERC para la aprobación de los presupuestos. Los republicanos, liderados por Oriol Junqueras, son los principales defensores del traspaso de la gestión de Cercanías a la Generalitat, una idea que el independentismo retoma tras el fracaso de 2017. Junqueras no dudó en aprovechar la situación para asegurar que «el traspaso es la solución sobre la mesa» para mejorar las infraestructuras y el servicio.
Crisis política en ciernes y el debate sobre la inversión
La crisis política se incuba con rapidez. Las conselleras Silvia Paneque (Territori) y Núria Parlón (Interior) ya han solicitado comparecer ante el Parlament. Junts per Catalunya, falto de temas para hacer oposición a Salvador Illa, se ha aferrado a la crisis ferroviaria, equiparando la responsabilidad de Paneque con la del ministro de Transportes, Óscar Puente, y pidiendo «responsabilidades».
El debate político se centra en la falta de inversión y en «echar la culpa a Madrid», obviando que en los últimos tres años la inversión se ha corregido de manera importante. Expertos sugieren que un enfoque racional se centraría en la gestión, analizando si líneas en zonas de alto riesgo geológico, como la R4 accidentada en Igualada, necesitan un mantenimiento más intenso y calibrado por Adif, en lugar de aplicar criterios uniformes.
Sin embargo, la «gestión aburrida» es a menudo eclipsada por «ataques gratuitos» y «soluciones fáciles para problemas complejos», como el traspaso de competencias. Mientras tanto, patronales y sindicatos catalanes discuten sobre si los días de trabajo perdidos correrán a cargo de las empresas o si los afectados deberán recuperar las jornadas con sus vacaciones. La gestión, la «aburrida gestión», sigue siendo una asignatura pendiente en Cataluña.
Contexto adicional:
- Un maquinista en prácticas muerto y 37 heridos tras chocar un Rodalies contra un muro en Gelida (Barcelona)
- UGT denuncia que el mantenimiento de las vías catalanas está «demasiado externalizado»
- El sindicato de maquinistas Semaf convoca una huelga en el sector tras los accidentes en Adamuz y Gelida