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Una jueza novel y la Guardia Civil lideran la investigación del trágico accidente ferroviario de Adamuz

La investigación judicial sobre el devastador accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), que ha dejado 42 fallecidos, ha comenzado con el informe de la inspección ocular de la Guardia Civil y el testimonio del maquinista del tren Iryo como puntos de partida clave. A partir de febrero, Cristina Pastor, una jueza recién salida de la Escuela Judicial, tomará las riendas de la instrucción, que se perfila como la primera gran causa de su carrera.

La noche del siniestro, el Juzgado de guardia de Montoro inició las diligencias para el levantamiento de cadáveres. Actualmente, la fase inicial se centra en la recepción de las autopsias de las víctimas y la identificación de los cuerpos, una prioridad absoluta según fuentes jurídicas. El pequeño tribunal de Montoro, que cuenta con solo dos juzgados, se reforzará “de forma inminente” con un nuevo juez, un letrado de la Administración de Justicia y dos funcionarios para gestionar la magnitud de la tragedia.

Miguel Ángel Pareja Vallejo, presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba y juez delegado de la Red Judicial de Expertos en Gestión de Emergencias y Catástrofes, está liderando la coordinación judicial. Estuvo en contacto permanente con la jueza de guardia, María Jesús Salamanca, y los forenses desplegados. Pareja Vallejo subraya la importancia de delegar el levantamiento de cadáveres en los médicos forenses para agilizar el proceso, movilizando equipos de Jaén, Granada, Sevilla y Málaga.

El Centro de Integración de Datos (CID), dependiente del Tribunal Superior de Justicia andaluz, es el encargado de llevar el recuento y la identificación de las víctimas a través de huellas dactilares, procedimientos forenses o datos premortem, para luego notificar a la jueza y facilitar la entrega de los cuerpos a las familias.

En paralelo, el Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) de la Guardia Civil, desplazado desde Madrid, está realizando un exhaustivo análisis de los vagones siniestrados, especialmente los vagones 7 y 8 del Iryo. Han solicitado a Adif retener el vagón número 6 para un examen crucial. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha enfatizado la necesidad de un análisis minucioso para “casar muchas piezas del puzle”.

El informe de la Guardia Civil será el punto de partida para la instrucción, y una de las primeras diligencias será tomar declaración al maquinista del tren Iryo. El presidente de la Audiencia cordobesa ha recalcado la importancia de actuar con rigor y sin prisas para evitar errores y delimitar responsabilidades de forma precisa.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente adscrito al Ministerio de Transportes, también investiga el suceso. A diferencia de la Guardia Civil, que actúa como Policía Judicial bajo las órdenes del juzgado, las conclusiones de la CIAF deberán ser reclamadas por la jueza más adelante. La CIAF ha anunciado que trasladará material de los trenes a Madrid para pruebas de laboratorio, incluyendo la rodadura del Iryo y del vagón 6. Mientras la Guardia Civil cerrará su atestado con celeridad, la CIAF podría tardar hasta un año en emitir su informe final.

Diversas asociaciones, como Manos Limpias, Liberum, Iustitia Europa y Hazte Oír, ya han solicitado personarse en la causa como acusación popular.

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